Glorfindel nos comparte su análisis sobre la negación del amparo al SME.
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Ayer durante varios lapsos del día en que la jueza Coutiño decide negar el amparo de la justicia a los trabajadores del SME, en la radiodifusora de este sindicato se estuvo haciendo hincapié en un hecho que no hay que dejar de lado: si acaso la decisión de Coutiño hubiese sido favorable al SME, la parte contraria, la del gobierno de fecal, de seguro hubiera tramitado un recurso de apelación que también se tendría que resolver en un tribunal colegiado. Es decir, que aún cuando Coutiño hubiera resuelto en un sentido favorable al SME, el conflicto, por lo que hace a su vertiente jurídica, hubiera seguido un curso abierto.
De manera que ante la decisión judicial en su contra, el SME seguirá precisamente la vía de la apelación ante un tribunal de circuito. Exactamente lo que habría hecho el gobierno de fecal si se hubiera encontrado en su lugar.
Más allá de los “hubieras”, lo importante es que la salida de este conflicto no iba a acabarse por la decisión, en el sentido que fuera, de la jueza Coutiño.
Tan asumido lo tienen los 22 mil smeítas que siguen movilizados y en resistencia, que sigue adelante en diversas formas, varias de las cuales no se están reduciendo a manifestaciones en las calles y en las plazas.
Una de las propuestas de resistencia más interesantes radica en llevar adelante un resolutivo tomado en las Asambleas Nacionales convocadas por el Sindicato Mexicano de Electricistas: formar en cada uno de los estados de la república Asambleas Estatales cuyo fin primordial es, desde luego, organizar y articular las tareas y acciones en apoyo al SME.
Sin embargo, se ha tenido el tino de platear que otra finalidad más va a ser la de tratar de que esas Asambleas Estatales recojan las inquietudes, demandas y ganas de hacer algo por rescatar a nuestro país, por parte de todas las personas, de todos los sectores sociales, de toda condición religiosa, ideológica, organizativa. Una parte esencial se encuentra en un enorme esfuerzo de información dirigido hacia las decenas de miles de personas que han perdido su trabajo, como consecuencia de la ofensiva neoliberal contra formas estables, socialmente solidarias, del propio trabajo.
Ya sabemos que millones de nuestros compatriotas se están moviendo, como pueden, en esos pliegues invisibles del desempleo abierto, del subempleo, de estar sujetos a la espada de Damocles de los contratos individuales, o de plano, en la subcontratación, en la que el patrón es la agencia de colocaciones, y no la empresa en donde el trabajador produce riqueza a cambio de estar sometido a esa espada de Damocles de un empleo inestable.
Ayer en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se realizó la ceremonia formal de la toma de protesta a las personas que estaremos participando en las distintas comisiones de trabajo de la Asamblea Estatal de Resistencia Popular y Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Fue muy gratificante el darnos cuenta que, gracias a la gallarda lucha del SME, varias agrupaciones y personalidades que conforman a las fuerzas progresistas en Nuevo León, están encontrando una vía muy concreta para realizar acciones unificadas, consensuadas, discutidas de manera democrática, y materializadas de acuerdo a esquemas de organización formales. El hecho de que la Logia Masónica del estado de Nuevo León haya sido la anfitriona de esta ceremonia cívica, pues nos habla de lo mucho que han calado las injusticias al por mayor cometidas contra el Sindicato Mexicano de Electricistas, a lo largo y ancho del país.
Y al igual que los masones, estuvieron presentes colectivos por la diversidad sexual, ambientalistas, católicos comprometidos con causas progresistas, representantes de otros sindicatos, representantes de organizaciones agrarias, educadores, académicos, ciudadanos sin partido, estudiantes, la representación de doña Rosario Ibarra de Piedra, el comité de trabajo del Gobierno Legítimo de México. En fin, un conjunto muy diverso de personas y organizaciones que, dejando de lado sus varias diferencias, responden al llamado del gran Sindicato Mexicano de Electricistas para unificarse en la Asamblea Estatal.
Así que, como vemos, la decisión contraria de Coutiño no ha relajado los esfuerzos para sumarse a la defensa no sólo del SME, sino de todas las personas que han sido agraviadas en lo económico, en lo moral, en lo político, por este nefasto gobierno espurio y sus aliados.
La parte central del evento fueron los saludos y desde luego, la presentación que hicieron dos compañeros del SME sobre las causas de su resistencia.
Como sabemos, Coutiño en su resolución vuelve a mencionar que el gobierno (espurio) decidió liquidar a Luz y Fuerza por representarle “costos” a la sociedad, y que tal consideración es válida, en su criterio. Dejó completamente de lado la jueza Coutiño lo que se ha venido repitiendo (ciertamente no en los medios del chayote) sin cesar: que esos “costos” de Luz y Fuerza del Centro son responsabilidad entera del gobierno, y en absoluto, de los trabajadores.
LyFC, vale la pena reiterarlo, no produce energía eléctrica. Por varias disposiciones leguleyas que por el momento dejaremos de lado, LyFC compra al precio de $1.50 cada kilowatt /hora a la CFE. Siendo que cerca del 40% de la energía que produce la CFE viene de parte de empresas privadas. Así que: ¿a quién han estado beneficiando los gobiernos neoliberales, desde Salinas de Gortari hasta el presente, con este miserable gobierno mocho y retrógrada?
El beneficio es claro, ya que LyFC compraba a $1.50 cada kw/h, pero lo cobraba al consumidor doméstico en 0.98 centavos por cada kw/h.
¿Y cuánto se cobraba a los grandes consumidores privados? Pues al módico precio de 0.80 centavos cada kw/h.
Es decir que en el régimen tarifario doméstico, LyFC perdía 0.52 centavos, mientras que en el preferencial, dedicado por disposiciones del gobierno a las empresas, $0.70 centavos.
Por supuesto que un régimen tan irracional, tan fuera de lógica (les compro caro un bien público a mis cuates empresariales, pero se los revendo bien baratito), iba a llevar a un estadio deficitario permanente a LyFC, dando lugar además a un estado absurdo de cuentas internas: entre más vendía electricidad, más perdía.
Como vemos, no es que LyFC fuera de por sí “ineficiente”: es el propio gobierno, su administrador, quien la mantuvo en ese estado de absurdos, de pérdidas crónicas.
Y no son responsables de esa situación, de ninguna manera --- como se afanan en reiterarlo cada vez que pueden los merolicos mediáticos y sus intelectuales orgánicos ---, los costos salariales y de prestaciones devengados por los trabajadores, quienes tienen en promedio un salario mensual de $6,500.00 pesos.
Llevar a la quiebra a una empresa pública, y luego diabolizar en toda la regla a los trabajadores, es la misma formulita de la que se han valido los neoliberales no sólo de México, sino del mundo, para beneficiar a un puñado de entenados empresarios suyos, beneficiarios también del tráfico de influencias, de regímenes laborales de explotación como el “outsourcing” o subcontratación.
Pero eso sí, tenemos a esos tecnócratas, sus compadres y cuates empresarios, y sus dizque ideólogos que claman a los cuatro vientos “soy neoliberal y qué”, llenándose la bocaza de que su modelito empobrecedor, adversario de derechos sociales ganados a pulso durante años, y sembrador de una ética del egoísmo materialista a ultranza, es ni más ni menos que la “neta del planeta”.
Veamos en concreto una prueba en sentido contrario: las empresas que están desde ahora de lleno en una competencia descarnada para repartirse las concesiones de la fibra óptica (red ya instalada en algunas zonas del país y en el Valle de México, por cierto, gracias al tesón y a las habilidades laborales de los semitas) pertenecen a dos panistas, Fernando Canales Clariond y Ernesto Martens. ¿Qué despacho jurídico les lleva sus asuntos a estos fulanos? Acertaron: el de Diego Fernández de Cevallos, quien tiene como socio ni más ni menos que al actual encargado de gobernación, Fernando Gómez Mont.
Así que en el no muy lejano escenario en el que se concesiones la explotación de la red de fibra óptica, esos empresarios y politiquillos se van a forrar de dinero, sin haber desembolsado un quinto en la infraestructura que tendieron los propios sindicalizados del SME.
Ese es el modelo neoliberal, esas son las personas, y ésos sus intereses.
Por todo ello, les era estratégico deshacerse de un sindicato combativo y revolucionario, como el Sindicato Mexicano de Electricistas.
La resolución de Coutiño deja de lado todas estas consideraciones que los medios se han esforzado en ocultar, mientras no pierden ocasión de seguir su campaña de estigmatización del trabajo sindicalizado.
Claro que muchos nos sentimos muy enojados, muy indignados, al punto de pensar que los medios jurídicos y pacíficos de poco, si no es que de nada, sirven. El extremo es caer en actitudes de derrotismo. No les demos el gusto a los adversarios del pueblo.
Mucha de la indignación y del enojo ha sido traducida a maneras muy creativas y constructivas de organización y de resistencia.
La indignación no tiene por qué hacernos presas del desánimo. Al contrario, es importante que la convirtamos en un aliciente creador, de reafirmación de lazos fraternos. Esta es la lección que muchos nos llevamos ayer de esa ceremonia cívica de la toma de protesta de la Asamblea Estatal de Resistencia Popular y Solidaridad con el Sindicato Mexicano de Electricistas.
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Aquí dejamos la reacción del doctor Néstor de Buen Lozano ante la resolución de la juez Coutiño:
Un amparo negado... como era de esperarse
Néstor de Buen
La juez primera de distrito del centro auxiliar de la primera región, en una sentencia que no tiene fecha, resolvió negar el amparo que el Sindicato Mexicano de Electricistas había promovido contra el decreto presidencial de fecha 11 de octubre del año en curso mediante el cual se ordenó la liquidación de Luz y Fuerza del Centro (LFC) y el consecuente despido de la totalidad de los trabajadores.
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Dice la sentencia que la situación económica de LFC es muy grave y que ello justifica la decisión del Ejecutivo de liquidarla. Pero esa decisión no puede ser tomada por el Ejecutivo porque no hay norma constitucional que se lo permita. Afortunadamente la sentencia reconoce la personalidad y el interés jurídico del sindicato, y con ello desvirtúa una de las causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. Pero con ello desvirtúa su conclusión de que los trabajadores no tienen interés en el juicio ya que el sindicato es, precisamente, un representante de todos los trabajadores, como bien lo indica el artículo 375 de la Ley Federal del Trabajo.
No deja de ser contradictorio que la sentencia reconozca la presencia del sindicato, necesariamente formado por trabajadores, y desconozca que los trabajadores lo son efectivamente de LFC. Caben todos los malos pensamientos a propósito del origen de esta sentencia, cuya extensión pone en duda que haya sido dictada por el propio juzgado, sin olvidar que no tiene en cuenta para nada los alegatos amplísimos presentados por el sindicato un día antes. Da la impresión de que ya había sido redactada desde antes de la audiencia constitucional en la que se presentaron esos alegatos, ignorados en la sentencia. Ahora le tocará el turno a un tribunal colegiado del primer circuito en materia de trabajo de conocer el recurso de revisión. Es difícil desconocer la autonomía de esos organismos. Pero la presencia de la Presidencia de la República como parte muy interesada deja abierto un mundo de dudas.
http://www.jornada.unam.mx/2009/12/12/i ... e=012a1pol
/gs/
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